[R-P] [Alfredo Zaiat] Competencia (Alfredo Zaiat lo cita a nuestro suscriptor Fernando C.)

[Nestor Gorojovsky]

[En esta muy buena nota, Zaiat expone en lo esencial dos cosas:

a) que nuestro suscriptor Cassia está muy bien orientado en su planteo 
técnico

b) que NINGUNA TELCO INVIRTIÓ UN SOLO CENTAVO (SALVO QUIZÁS LAS COIMAS)]

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-152574-2010-09-04.html

PANORAMA ECONOMICO
Competencia
Por Alfredo Zaiat

Una decisión administrativa dispuso la caducidad de la licencia que 
tenía Fibertel para brindar Internet y otorgó noventa días a los 
clientes de la firma para migrar hacia otro prestador. El argumento 
oficial fue que el grupo controlante disolvió esa sociedad en enero de 
2009 y desde entonces brinda el servicio de manera irregular a través de 
la firma Cablevisión, sin tener la autorización del organismo 
regulatorio. Esa medida se terminará dirimiendo en Tribunales mientras 
se sigue desarrollando una intensa pelea política mediática. Un aspecto 
interesante de esa disputa, para quienes pueden transitarla con 
apasionamiento pero sin rencor cegador, es que descorre el velo de 
ciertas características del funcionamiento de grupos económicos 
poderosos en la prestación de servicios sensibles para la población. La 
motivación oficial para impulsar ciertas iniciativas se dirime en el 
terreno de batalla del poder político. En cambio, adquieren mucha más 
relevancia en relación con los cambios que provocan en la sociedad, en 
la comprensión de las estructuras del poder económico y, en especial, en 
las posibilidades que se abren para realizar transformaciones en áreas 
donde antes dominó la pasividad estatal. La controversia con Fibertel 
habilita a ampliar el análisis a un tema eludido por analistas, 
funcionarios y fuerzas de la oposición: la estructura oligopólica del 
mercado de telecomunicaciones en el país.

El argumento efectista es que la caducidad de la licencia de Fibertel 
favorece a las telefónicas y por lo tanto esa medida debe ser anulada. 
Quienes lo esgrimen no pueden ocultar, aunque lo intentan en forma 
torpe, que no les interesa debatir el sistema de telecomunicaciones sino 
que responden a los deseos del grupo económico dueño de medios de 
comunicación. Esa iniciativa administrativa que afecta a Cablevisión 
deja en evidencia la posición dominante que también ejercen las 
telefónicas. Y si el Gobierno aspira a lograr legitimidad social y 
política en ese emprendimiento estará obligado a intervenir en ese 
mercado. Sólo de ese modo podrá garantizar la prestación de Internet a 
través de otros proveedores sin que éstos sean cautivos de las telefónicas.

Si hasta ahora la administración kirchnerista se movió con cierta 
pasividad regulatoria en el rentable negocio de las telefónicas, ahora 
no tendrá opción si el objetivo es proteger al usuario del servicio de 
Internet y de telefonía. El nudo central de la necesaria y próxima 
disputa en ese campo será el costo de interconexión (tarifa de peaje) 
que los operadores deben pagar a las telefónicas para el uso de la red 
ya instalada para la trasmisión de voz y datos. En forma sintética, el 
proceso hasta llegar a la actual situación fue el siguiente:

- El monopolio telefónico estatal (ENTel) fue dividido en el territorio 
nacional en dos áreas. La sur la pasó a operar Telefónica y la norte, 
Telecom.

- El período de exclusividad en la explotación monopólica era hasta 
noviembre de 1997, según el pliego de privatización, con opción de 
extenderlo 3 años.

- Después de una serie de cruces judiciales y políticos, en noviembre de 
2000 se dispuso el ingreso de una etapa de competencia plena en el 
mercado de telecomunicaciones luego de diez años de monopolios 
regionales ejercidos por las transnacionales europeas Telefónica y Telecom.

- El objetivo era generar competencia sobre las redes existentes.

Los cuatro reglamentos básicos que definieron el nuevo marco regulatorio 
fueron los de licencias, interconexión, servicio universal y 
administración, gestión y control del espectro radioeléctrico. Más allá 
de esas intenciones, que constituyeron un avance a favor de la 
competencia, ese marco no ha provocado cambios sustanciales para los 
consumidores porque no se implementó en toda su dimensión. Una 
explicación para esa extensa demora es que la salida de la 
convertibilidad con una megadevaluación derivó en la pesificación y 
congelamiento de las tarifas telefónicas. Entonces, la pasividad estatal 
para impulsar las medidas a favor de la competencia operó en la práctica 
como una compensación implícita por la pesificación y congelamiento que 
afectaron el cuadro de ingresos de las telefónicas.

El costo de interconexión es clave para un régimen de competencia puesto 
que, con la apertura del mercado, las nuevas compañías están obligadas a 
recurrir a la estructura de los operadores históricos. Ese precio es una 
cuestión central para desarrollar una actividad competitiva. Si esa 
tarifa es muy alta no pueden competir y se frenan los intentos de otras 
empresas de intervenir activamente en el mercado. Las telefónicas 
defienden el control monopólico de la red sosteniendo que realizaron 
millonarias inversiones para desarrollarla. No mencionan que heredaron 
una red estatal y más que amortizaron la inversión con una renta 
monopólica que se extendió por ley durante diez años y otros diez 
posteriores por las barreras de entrada a la competencia. La inversión 
en red telefónica para el acceso a Internet ya ha sido pagada por todos 
los clientes telefónicos que, al solicitar servicios, debieron abonar 
por sus instalaciones y consumos.

Otros mecanismos para favorecer la competencia que esperan su 
implementación son la portabilidad numérica y la “desagregación del lazo 
local” (bucle). El primero incentiva la migración de los usuarios de una 
empresa a otra porque les permite conservar su número telefónico aunque 
cambien de compañía. Respecto del segundo, sin la reglamentación de la 
desagregación del lazo local se les dificulta a los operadores entrantes 
ofrecer telefonía a los usuarios residenciales utilizando la red de las 
empresas dominantes. Sólo pueden hacerlo si deciden montar su propia 
red, pero los ingresos que pudieran llegar a obtener ofreciendo 
telefonía básica en los hogares no justifica la magnitud de la inversión.

En ese contexto regulatorio irrumpe el conflicto con Fibertel, lo que 
exige a la Secretaría de Comunicaciones avanzar en las condiciones de 
competencia en el mercado de las telefónicas. El periodista, 
especialista en informática y blogger Fernando Cassia 
(nerd-progre.blogspot.com) propone dos medidas en beneficio de los 
consumidores:

1. Terminar con el monopolio de las cableras obligando a abrir sus redes 
a la competencia. Esto significa que el cliente de Cablevisión con 
cablemodem, por ejemplo, pueda cambiar libremente de proveedor. Podrá 
tener cable de Cablevisión o Telecentro pero no por ello estar 
restringido al proveedor controlado por la cablera, sino que podrá 
contratar a cualquier otra empresa proveedora de Internet, según precio 
y calidad de servicio. “Australia está por hacer algo de esto, tengo 
entendido, o al menos lo está estudiando”, apuntó.

2. Terminar con el monopolio de la denominada “última milla” de Telecom 
y Telefónica reglamentando el “desagregado del bucle”. Implica, en 
términos simples, que el usuario de telefonía fija es quien decide a qué 
empresa “se enchufa” el otro extremo de su cable telefónico, que une el 
domicilio con la central. Es decir, que el usuario de telefonía fija 
pueda elegir el proveedor sin cambiar el número ni el cable telefónico. 
“Esto es lo que se implementó en Europa y derrumbó las tarifas de 
Internet y telefonía fija, simplemente porque las telefónicas sabían que 
si no bajaban los precios se les borraban la mitad de los clientes”, 
indica Cassia. Expone como ejemplo Italia, donde se implementó esa 
medida y se paga 14 euros (unos 70 pesos) por una conexión de siete 
megas con llamadas locales ilimitadas. En España también se avanzó sobre 
el monopolio de Telefónica.

En algunas ocasiones, ciertas medidas administrativas tienen un objetivo 
inmediato provocado por motivaciones superiores, que resultan en 
definitiva una oportunidad extraordinaria para saldar deudas 
regulatorias en un sector dominado por poderosos grupos económicos.