[R-P] Ascensos militares: "La Nación" defiende lo indefendible

Néstor Gorojovsky nmgoro en gmail.com
Mar Dic 7 05:39:58 MST 2010


[En nombre de la formalidad jurídica, niega al gobierno el derecho a
asegurarle al país que no haya militares antinacionales en los cuadros
de comando.]

Editorial I
Inadmisible criterio para ascensos
Es aberrante e ilegal que los familiares de integrantes del gobierno
militar no puedan ascender en las Fuerzas Armadas
Martes 7 de diciembre de 2010

La Presidenta ha formalizado la convocatoria a sesiones
extraordinarias para que el Senado preste acuerdo a los ascensos
solicitados para diplomáticos y oficiales superiores de las Fuerzas
Armadas.

La acotada agenda incluye una controvertida propuesta de promociones
militares que corona la discriminatoria política castrense de los
últimos años concretando el pase a retiro de los oficiales
"portadores" de apellidos vinculados con el último gobierno militar,
con lo que consuman una ominosa injusticia.

Desde 2006, las propuestas de ascenso de las Fuerzas Armadas al grado
de coronel y equivalentes, avaladas por las respectivas juntas de
calificaciones de cada arma y por lo establecido en la ley 19.101 para
el personal militar, han sido modificadas arbitrariamente por el Poder
Ejecutivo al elevar los pliegos al Senado.

Esta columna ha denunciado la existencia del "delito genético" en el
ámbito del Ministerio de Defensa. Los oficiales afectados poseen fojas
de servicio intachables desarrolladas en democracia; no han
participado en hechos delictivos de ninguna especie y, por sus edades,
fueron ajenos a los trágicos años 70.

Sin perjuicio de que la Secretaria de Derechos Humanos informara que
no pesaba sobre ellos reproche ético alguno, en los últimos años
debieron portar una condena penitencial que postergó sus carreras
profesionales.

La ministra Nilda Garré parece encaminada a imponer su criterio para
"sanear" a las Fuerzas Armadas de oficiales emparentados directa o
indirectamente con miembros de las Fuerzas Armadas o de seguridad que
tuvieron alguna participación durante el último gobierno de facto, con
lo que da cabal cumplimiento al decreto 1736/09 y a la resolución
382/10.

Ambas normas otorgan andamiaje legal a la delegación presidencial
dispuesta por decreto que faculta al Ministerio de Defensa a apartarse
discrecionalmente de las clasificaciones discernidas por los
respectivos jefes de Estado Mayor y disponen un nuevo procedimiento de
selección y clasificación militar, alejado de los parámetros de
igualdad e idoneidad.

En efecto, esta arbitraria decisión ha impactado profunda y
negativamente en la política de desarrollo profesional de las
instituciones castrenses.

El nuevo procedimiento se traduce en una notoria subjetividad y falta
de transparencia a la hora de materializar la recalificación en la
instancia del Ministerio de Defensa, circunstancia propicia para
cometer actos arbitrarios y de dudosa juridicidad, al tiempo que
impulsa el regreso a una práctica que ha resultado funesta a través de
nuestra historia: alentar la politización de las Fuerzas Armadas y
crear en el seno de las mismas graves situaciones de injusticia.

La exclusión de los ascensos en razón de parentesco viola la
Constitución nacional; afecta, asimismo, los derechos a una legítima
defensa y a la igualdad ante la ley, derechos que también consagra
nuestra Carta Magna.

Ya señalaba Juan Bautista Alberdi que "no basta que la Constitución
contenga todas las libertades y garantías reconocidas. Es necesario
que contenga, además, declaraciones formales de que no se dará ley
que, con pretexto de organizar o reglamentar el ejercicio de estas
libertades, las anule y falsee con disposiciones reglamentarias".

El propio Congreso ha sido soslayado en este debate porque la Comisión
de Acuerdos del Senado citó a los oficiales afectados para que
pudieran expresar su agravio ejerciendo un legítimo derecho de
defensa. Sin embargo, Garré les prohibió comparecer.

En oportunidad de la reunión de la Comisión de Acuerdos, la senadora
Sonia Escudero expresó: "Tenemos que abrir una mínima investigación a
ver si realmente aquí se está produciendo un quiebre de la carrera
donde no hay ascenso por mérito, sino un sistema de discriminación
organizado". Su posición fue ampliamente respaldada por la comisión.

Tampoco la ministra Garré ha dado cuenta de sus dichos en un
comunicado de prensa del año último en el que quiso justificar las
exclusiones en la existencia de sumarios abiertos, el rechazo por las
juntas de calificaciones en dos años consecutivos, la participación en
casos de violación de derechos humanos y en hechos de corrupción,
entre otras razones.

Pero la verdad es que nada de ello sería cierto y el motivo de fondo
es, en buena parte de los casos, la portación de apellido, como ocurre
con una reciente resolución de Garré que condena al retiro a varios
oficiales. Uno, el capitán de Fragata Eduardo Enrique Pizzagalli,
primero de su promoción y medalla de oro, es hijo de un intendente de
Ensenada durante el gobierno militar.

Que la sola circunstancia filiatoria importe soportar postergaciones o
desconocimiento de méritos y servicios, tratándose de personas ajenas
a cualquier hipótesis de culpabilidad o responsabilidad, constituye
una discriminación y podría ser plausible de denuncias criminales.

Estos hechos constituyen una ignominia que no puede ni debe
permitirse, porque profundizan el desencuentro entre argentinos, no
contribuyen a afianzar la unión nacional y materializan una injusticia
de graves consecuencias al truncar el desarrollo profesional de
oficiales intachables e idóneos que, con entrega, abrazaron la carrera
de las armas en defensa de su patria.


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Néstor Gorojovsky
El texto principal de este correo puede no ser de mi autoría




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