[R-P] Los hijos de funcionarios, diputados, senadores y jueces deben ir a la escuela pública?

eliana gabay egabay62 en gmail.com
Jue Jul 23 08:53:42 MDT 2009


CITANDO LA FUENTE,EL MATERIAL DE ESTA LISTA ES DE LIBRE REPRODUCCIÓN


[La lectura de esta nota que es de marzo de 2009 y que me la han
vuelto a re-enviar, más el antecedente de que existe  un anteproyecto
de ley impulsado por padres rionegrinos en el 2002  que proponen lo
mismo que Caparrós; y el hecho de que un proyecto del senador
brasileño Cristiam Buarque - ex Ministro de Educación del gobierno de
Lula -, con similar proposición ingresó al parlamento del país
hermano, fortalecen la sensación de que la idea sugerida por Martín
Caparrós de que todos los funcionarios del Estado manden a sus hijos y
nietos, sin excepción, a la escuela estatal más cercana NO es TAN
absurda. El dilema planteado en la nota sigue vigente y nos invita a
reflexionar seriamente sobre el rol de la escuela pública actualmente
en la Argentina y América Latina. Eliana]


Lucha de clases en la escuela pública

Por M. Caparrós-01.03.2009- EN:  http://www.criticadigital.com.ar/

Hoy empiezan las clases y no empiezan las clases: para la mayoría de
los alumnos argentinos, esta mañana no hay escuela. Los maestros de
medio país van a la huelga para pedir un sueldo que ninguno de
nosotros, periodistas, por ejemplo, aceptaría ni para empezar. Son
sueldos tan elocuentes, tan didácticos: dicen, antes que nada, que a
la sociedad argentina la educación le importa tres carajos. O, mejor:
que a la sociedad argentina le importa tres carajos la educación de
sus pobres.

Soy un producto de la escuela pública argentina y a veces, cuando me
distraigo, me da orgullo; mi hijo también fue a la escuela pública y
acaba de terminar su quinto año. Pero en las décadas que pasaron desde
que empecé primer grado –inferior– nuestro sistema educativo cambió
brutalmente. Cuando yo era chico sólo iban a colegios privados los
garcas que querían educarse a fuerza de hostias y los raros que
preferían hablar otros idiomas y los vagos que la escuela pública no
soportaba más. Pero mis amigos y yo –hijos de la clásica clase media
porteña– sabíamos que el sistema de educación estatal era nuestro
lugar: la escuela pública era la mejor, la primera opción. Ahora no:
mis amigos dudan mucho antes de mandar a sus hijos a una escuela del
Estado –y la mayoría no lo hace.

La educación pública ya no es para todos, ni para el que la elige; es
para quien no tiene más remedio. Tres de cada cuatro alumnos estatales
pertenecen al tercio más pobre de la población. Entre el 20 por ciento
más pobre, nueve de cada diez van a la escuela pública; entre el 20
por ciento más rico, uno de cada siete. Y la tendencia se acelera: en
1997 el 24 por ciento de los chicos acomodados iba a escuelas
públicas; en 2006, según un informe del Centro de Estudios de
Políticas Públicas, sólo el 15 por ciento. Las cifras precisan lo que
ya sabemos: que los padres quieren mandar a sus hijos al privado
porque –mejores o peores– por lo menos les garantizan que van a tener
clases. Cosa que el Estado no consigue hacer. Así que, entre 2003 y
2006, en apenas tres años kirchneristas, 800.000 argentinitos –casi
todos los que pueden– pasaron del público al privado. En la escuela
sarmientina quedan los que no pueden: los más pobres.

El fracaso de la educación pública es el efecto más espectacular del
derrumbe del Estado argentino. Solía ser su estandarte: la forma más
eficiente de producir esa relativa integración social que nos
constituyó como país, en esas aulas donde, bajo los delantales
blancos, las clases sociales se mezclaban por un rato y se formaban
con las mismas consignas, las posibilidades brevemente emparejadas. La
educación pública servía para equilibrar, para integrar, para
“redistribuir” –y para producir un país más educado, con mejores
posibilidades en todos los terrenos. Ahora parece como si no
importara. Y, de hecho, no les importa a los que manejan el Estado:
hace mucho que mandan a sus chicos a colegios privados. Es una
característica de muchos estados actuales –sus dirigentes no se
incluyen en ellos, no usan sus escuelas y hospitales, no le pagan
impuestos, no respetan sus leyes–y es curiosa: ¿quién se imagina al
gerente de la cocacola pidiéndose una pepsi?

Así que tengo una propuesta populista para encarar la cuestión
educativa. Es una ley que habría que votar cuanto antes: “Queridos
gobernantes, no todo pueden ser alegrías, ganancias extraordinarias,
honores merecidos, gratitud popular. Los cargos deben tener alguna
carga. Y ésta será modesta pero inflexible: se ordena, so pena de
prisión y pedorreta pública, que todos los funcionarios del Estado –de
un nivel equis para arriba– manden a sus hijos y nietos, sin
excepción, a la escuela estatal más cercana”. Es posible que,
entonces, la educación pública mejore seriamente. Así estamos, en la
lucha de clases.




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