[R-P] [CLICeT] La Provincialización de los Hidrocarburos

Juan María Escobar escobar45 en infovia.com.ar
Dom Sep 28 11:52:47 MDT 2008




La Provincialización de
los Hidrocarburos en la Argentina
Breve Historia y Presente


Federico Bernal
CLICET
Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas:
http://www.cienciayenergia.com/

Neoliberalismo y provincialización
En la década del noventa y primeros años del nuevo siglo, el programa 
político y socioeconómico del neoliberalismo argentino fue ejecutado sin 
contemplaciones. Entre las principales medidas aplicadas a partir de 1989, 
recordamos: se estableció la igualdad de tratamiento al capital nacional y 
extranjero, dictándose las normas reglamentarias tendientes a facilitar la 
remisión de utilidades. Se derogó el requerimiento de la previa autorización 
del Poder Ejecutivo Nacional para las inversiones de capitales extranjeros 
en el país. Se desregularon los principales mercados agropecuarios, la 
disolución de los organismos de control y regulación de mercados y juntas 
concentradoras, sumado todo a la suspensión y eliminación de los regímenes 
de promoción industrial y los subsidios a las exportaciones. En materia de 
comercio exterior, paralelamente a la drástica caída de los aranceles de 
importación, se encaró un profundo proceso de apertura externa con el fin de 
desmantelar el modelo de sustitución de exportaciones. Y para coronar la 
obra destructiva, privatización-desnacionalización masiva de ferrocarriles, 
teléfonos, aerolíneas, puertos, caminos, transporte marítimo, obras 
sanitarias, talleres navales, fabricaciones militares, finanzas, acero, 
electricidad, petroquímica e hidrocarburos.

En relación a estos últimos, el programa de privatización y aniquilación del 
Estado como gestor, contralor y planificador del sector comienza en 1989 con 
las Leyes nacionales 16.696 (de Reforma del Estado), 16.697 (de Emergencia 
Económica) y decretos 1.055, 1.589 y 1.212. Prosigue con la conversión de 
YPF en sociedad anónima y la fijación de un cronograma de privatizaciones 
para el sector, para ceñirse en 1992 con las Leyes 24.076 (Privatización de 
Gas del Estado) y 24.145 (Privatización de YPF SA y Federalización de los 
yacimientos de hidrocarburos). No obstante haber privatizado las dos 
empresas claves del sector, el programa petrolero neoliberal hubiera quedado 
inconcluso sin la reforma a la Constitución Nacional en 1994 y la inserción 
del artículo 124 que sustenta el aspecto "federal" del dominio jurídico de 
los hidrocarburos.

Con la privatización periférica, el endeudamiento y saboteo de YPF conducido 
por Martínez de Hoz a partir de 1976, se avanzó radicalmente hacia la 
destrucción del sector hidrocarburífero nacional. Carlos Menem dio el golpe 
de gracia al ahondar la política del ministro civil de Videla, erigiendo su 
sustento jurídico-constitucional y provincializando el recurso. De esta 
suerte, el programa neoliberal petrolero quedaría instituido. Sus dos 
pilares: 1) aniquilación del Estado (desestatización) y 2) provincialización 
(descentralización-desnacionalización) de los recursos naturales e 
instrumentos socioeconómicos vitales al desarrollo industrial.
La lección histórica devenida del peor golpe jamás recibido por el 
liberalismo argentino, la unificación nacional en 1880, había sido 
asimilada. Diezmar al país era cuestión de combinar la demolición del 
Estado, la disgregación nacional y la pauperización del interior.


Federalismo de masas y Federalismo de opereta
Frente al fracaso de las tendencias político-ideológicas de Mariano Moreno y 
Manuel Belgrano, el monopolio del Rey fue reemplazado por el de la 
oligarquía porteña. Así comenzó la escisión de Buenos Aires del resto de las 
provincias, escisión que para subsistir y prosperar, requirió enajenar la 
riqueza nacional a través del control de la aduana. El partido político de 
esa oligarquía estaba constituido por comerciantes e importadores (apoyados 
a su vez por los ganaderos) e interesada en el tráfico con Inglaterra y con 
el comercio exterior en general. Su más ilustre representante, Bernardino 
Rivadavia, será el auténtico fundador del partido unitario y precursor del 
mitrismo. Fue entonces en oposición a éste que emergió el verdadero 
federalismo, precisamente como la expresión y el accionar contrarios al 
despojo de la riqueza argentina por una sola provincia (la de Buenos Aires). 
En su lugar, propuso su redistribución equitativa entre todas las provincias 
confederadas, esto es, entre las masas excluidas y despojadas del interior.

Si el federalismo (de masas) nació justamente en respuesta al unitarismo 
porteño, invocarlo como mecanismo para la apropiación provincial de un 
determinado recurso resulta al menos tan absurdo como cínico. Que los 
hidrocarburos queden en manos exclusivas de la provincia que los contiene 
(provincialización), como lo hizo la Buenos Aires del siglo XIX con la 
aduana, es hacer federalismo de opereta, es contribuir a la desintegración 
territorial y al equívoco de creer que federalismo consiste en el derecho de 
cualquier gobernador a contraer empréstitos extranjeros, enajenar el 
subsuelo o hacer de su territorio un feudo inexpugnable.

Avalar esta última posición implica adherirse al modelo de país 
Unitario-Neoliberal, históricamente opuesto a la industrialización, al 
nacionalismo democrático y a la participación del Estado como motor 
indiscutible del desarrollo socioeconómico colectivo (modelo 
Federal-Nacional ). En este sentido, quizás resulte clarificador observar la 
genealogía jurídico-constitucional de uno y otro:

Cuadro Nº1

                                        Genealogía jurídico-constitucional

              Modelo  Unitario - Neoliberal 
Modelo                         Federal - Nacional
       (Provincialización) 
(Nacionalización)
------------------------------------------------                --------------------------------------------------
* Constitución Nacional (CN) 
* Código de Minería (CM) de 1863
   de  1853/60 (artículo 104)
                                                                             
                                     * Reformas al CM de 1886
* CM de 1886 
(Proyecto Melo-Moreno, 1916)

* 12.161 de 1935 
* Proyecto de Ley de 1927
                                                                             
                                                     (yrigoyenismo)
* Leyes de Emergencia Económica y
   Reforma del Estado + decretos (1989) 
* CN de 1949 (artículo 40)

* Ley de Federalización y 
* Ley 14.773 de 1958
  Privatización de YPF SA (1992)
                                                                             
                               * Ley 17.319 de 1967
* Reforma CN de 
     --------------------------------------
 (artículos 121 y 124)

* Decreto 546 de 2003

* Ley 26.154 de 2006


* Ley 26.197 de 2007
------------------------------



Estudiar dialécticamente el antagonismo entre provincialización y 
nacionalización permite descubrir sus influjos histórico-políticos, 
antagónicos aunque concurrentes desde 1810. Como se advierte del cuadro, se 
subrayaron especialmente la reforma de 1994 y las constituciones de 1853 y 
1949, pues sintetizan la plataforma ideológica propia de cada modelo. Por 
ejemplo, existe una clara coincidencia entre el Código de Minería (CM) de 
1886, el preámbulo de la Constitución de 1853 y la reforma de 1994.
El CM prohibía al Estado explotar o disponer de las minas, definición 
presente en la constitución de 1853 que como coherentemente señala Guillermo 
M. Yeatts [1]: "logró sentar las bases para el crecimiento económico creando 
instituciones fundamentales[.] La propiedad privada, la seguridad de las 
personas, los límites impuestos a la actividad gubernamental, la libertad de 
comercio y la supresión de aduanas constituyeron poderosas instituciones que 
estimularon la actividad adormecida por siglos de legislación colonial". A 
propósito, Yeatts cita una muy ilustrativa frase de Roberto T. Alemann: "la 
sanción de la CN de 1853 es de por sí definitoria de un cambio de rumbo en 
la política económica; atrás queda la restauración del ideario colonial, el 
país se organiza como Estado federal y se abre generoso al mundo 
civilizado[.]". Por su parte, Antonio Hernández, convencional constituyente 
de la reforma de 1994 y presidente honorario de la Asociación Argentina de 
Derecho Constitucional, apunta en su trabajo El Federalismo a diez años de 
la Reforma Constitucional de 1994 que: "[.]el agudo proceso de 
centralización que sufrió el país, tuvo como uno de sus aspectos más 
negativos, el avance del gobierno nacional sobre el dominio de los recursos 
naturales de las provincias". Para el neoliberalismo argentino, fiel 
heredero del mitrismo, la centralización (léase unificación nacional) y la 
actividad gubernamental fueron y son aspectos negativos al normal 
desenvolvimiento de la república.

Se comprende así la inclinación de esta gente culta por el federalismo de 
opereta y la privatización de los noventa. Si bien el gobierno menemista 
arruinó social y económicamente a la Argentina toda, el interior del país 
fue desvastado sin misericordia. Entonces, la previsible oposición de las 
masas no se hizo esperar. Renació el auténtico federalismo como reacción 
espontánea al mitrismo de fines del siglo XX, que trocando caballos y lanzas 
por neumáticos y palos, alzó herido la voz del nacionalismo popular. Las 
montoneras de Tartagal y General Mosconi, entre otras, fueron el único freno 
a la privatización de YPF. Pero sus decenas de miles de desocupados pasaban 
desapercibidos por los convencionales de 1994, que como Hernández, veían en 
la reformada constitución "una contundente expresión del fortalecimiento del 
federalismo argentino" y una derrota definitiva del artículo 40 de la CN de 
1949 que había "constitucionalizado el despojo [de los recursos 
provinciales]".
Para la cultura mitrista, los despidos masivos, el cierre a gran escala de 
las empresas estatales, el aislamiento y desvanecimiento del interior, lejos 
de constituir un despojo significó el fortalecimiento del federalismo.

Defensores de un modelo perfectamente definido, volcaron el espíritu 
secesionista y liberal de la CN de 1853 a la reforma del ´94, reforma que 
"legalizó" el programa privatizador y provincializador. En efecto, el 
artículo 104 de la primera es exactamente igual al 121 de la segunda. El 
texto común expresa: "Las provincias conservan todo el poder no delegado por 
esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan 
reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación". Semejante 
obsequio a las provincias irá acompañado de una recompensa histórica a la 
opulenta ciudad capital. Con la reforma se fundó la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, rememorando los objetivos segregacionistas de la primera 
Constitución bonaerense de 1854 que definía a Buenos Aires como "un Estado 
con libre ejercicio de su soberanía interior y exterior, mientras no delegue 
expresamente en un gobierno federal".[2]

Así pasamos del modelo Unitario-Neoliberal de los Yeatts, Alemann, 
Hernández, Martínez de Hoz, Roberto Dromi, [3] Menem, etc. al modelo 
representado por la CN de 1949 y su artículo 40, del cual se abastecerán en 
su concepto sobre la propiedad nacional (nacionalización) de los recursos 
naturales estratégicos, las leyes de 1958 y 1967. Como señaló Carlos Tagle 
Achával: "La Constitución de 1949 implicaba una concepción sobre la 
actividad privada y la del Estado, en el campo económico, totalmente 
diferente y de sentido más progresista que la de 1853". Arturo Sampay, padre 
de dicha constitución, refiriéndose a ella expresó: "La llamada 
nacionalización de los servicios públicos y de las riquezas básicas de la 
colectividad, además de haber sido aconsejada por razones políticas, como la 
seguridad del Estado, y por consideraciones económicas, como el 
acrecentamiento de la producción de esas riquezas -ya que para hacerlas 
rendir un máximo la técnica moderna exige una orientación colectiva y 
amplia, sólo posible en manos del Estado-, ha sido movida también por la 
necesidad de convertirlos en instrumentos de la reforma social. Porque la 
nacionalización o estatización de los servicios públicos -que es lo mismo-, 
al suplantar el espíritu y la organización capitalista de su gestión, 
permite fijar el precio y la distribución del servicio, no en procura del 
lucro privado, sino por criterios de utilidad social[.]". [4]

En suma, reconocer la contradicción entre los dos modelos referidos y 
extrapolarla a la disyuntiva provincialización - nacionalización, permite: 
1) distinguir la ideología política, el concepto y rol del Estado afines a 
cada una; 2) recuperar la noción de "federalismo" al quitarle la pátina 
liberal progresista, atribuyéndole un origen histórico definido y una 
política económica propia: la de asegurar el desenvolvimiento regional a 
través de la participación del Estado empresario y garante de la justicia 
social.

De cómo el federalismo cambió de protagonistas y objetivos
En 1862 el Poder Ejecutivo encomendó al político y diputado de minas 
sanjuanino Juan Domingo de Oro la redacción y elaboración del Código de 
Minería. Oro atribuyó la propiedad de las minas a la Nación, no importara el 
territorio en que se encontrasen. Dicho proyecto, presentado a la comisión 
revisora en 1863, no fue tratado en el Congreso y quedó aplazado como 
consecuencia de la oposición de las provincias.

La objeción no se explicaba por cuestiones de federalismo, sino por décadas 
de desconfianza de los caudillos provinciales hacia la Buenos Aires 
unitaria. Cabe recordar que coincidentemente a la elaboración del CM, el 
Gobierno Federal de Mitre -haciéndose eco de las recomendaciones 
sarmientistas de "no economizar sangre de gauchos" y de "quemar 
ordenadamente todos los edificios públicos de Paraná"-,[5] endeudaba al país 
con empréstitos de la banca londinense, abría las puertas de la aduana a las 
importaciones masivas de manufacturas y a los capitales extranjeros, 
eliminando cualquier posibilidad de desarrollo regional. Mientras tanto, 
Velez Sarfield, padre del Código Civil de 1864, declaraba el principio 
rector de la política del gobierno: "Buenos Aires es piedra fundamental 
sobre la cual se construirá la nacionalidad argentina en todas sus 
relaciones interiores y exteriores".[6]

La irresolución del enfrentamiento gobierno nacional - provincias trasladada 
al plano minero demoró una década la redacción del CM, aunque siempre con la 
condición de que al retomarlo se efectúe sobre la base de Oro pero "debiendo 
tenerse en consideración que las minas son bienes privados de la nación o de 
las provincias, según el territorio en que se encontraren." Finalmente, el 
CM es reformado en 1886; la provincialización del recurso y la prohibición 
del Estado a explotarlo o disponer de las minas, sus puntos sobresalientes.

Habrán de transcurrir casi veinte años para que el descubridor del petróleo 
en la Argentina, el Ing. Enrique Hermitte, propusiera desde 1905 las 
primeras reformas al CM. Apenas dos años antes del hallazgo, se logró la 
incorporación de la Ley de Tierras y con ella la habilitación estatal para 
crear reservas fiscales y explotar los yacimientos por descubrir.

Si las reformas de Hermitte al CM fueron incorporadas con éxito, los 
próximos intentos tendientes a profundizar la intervención estatal y la 
nacionalización de los recursos chocará de bruces con una barrera 
infranqueable. En efecto, entre 1907 y 1922, una sucesión de acontecimientos 
trascendentales agudizaron la división provincialización - nacionalización: 
el descubrimiento del petróleo por el Estado en 1907, la creación de 
reservas fiscales alrededor de los yacimientos, la inauguración de la 
explotación estatal bajo la Dirección de Explotación de Comodoro Rivadavia 
en 1910 (antecedente directo de YPF) y la asunción del primer gobierno 
popular del siglo XX en 1916. Es durante este lapso histórico cuando el 
concepto de federalismo esgrimido por las elites provinciales del interior, 
en connivencia con el capital extranjero y con ciertas facciones liberales 
porteñas, renuncia a su sentido original. Las clases sociales y los 
objetivos detrás del federalismo habían cambiado.

Casi un siglo de postración, prácticamente nulo desarrollo de las fuerzas 
productivas y la falta una economía convergente hacia un centro interior 
fundado en la producción capitalista industrial, engendró en ciertas 
provincias (sobre todo del noroeste) oligarquías exportadoras contrarias a 
la unificación nacional. Nada les importaba a sus referentes incorporarse a 
un mercado centralizado, mucho menos comandado por un gobierno como el 
yrigoyenista, pues ello implicaba perder los resortes económicos que los 
alternaba indefinidamente en el poder. Por tanto, la autonomía provincial y 
el freno al creciente intervencionismo estatal a través de la alianza con el 
capital extranjero y privado serán sus más preciadas armas opositoras.

La aparición de YPF a partir de 1922 bajo la dirección de Enrique Mosconi y 
Alonso Baldrich, agudizó el enfrentamiento Nación-provincias a extremos 
inéditos. Los gobernadores antipersonalistas de Salta y Jujuy prohibieron el 
ingreso de la petrolera estatal en sus respectivas provincias, favoreciendo 
directamente a las firmas Standard Oil y Anglo Persian. Como sintetiza 
magníficamente Yeatts: "una vez más, el único freno a la política 
estatizante fue el federalismo. Una vez más, durante los debates 
parlamentarios de 1927 y 1928, en los que se discutió y dio media sanción al 
proyecto del monopolio petrolero estatal, se repite la existencia de la 
aproximación entre empresas privadas y elites provinciales, que juntas 
levantaron las banderas del federalismo y de la defensa de los derechos 
constitucionales provinciales".

Esta combinación de antiestatismo y provincialización, sostenida a ultranza 
por las provincias y las transnacionales de turno, constituye el cimiento de 
la política hidrocarburífera neoliberal histórica y contemporánea.

El objetivo oculto de la provincialización
Es la propiedad pública del subsuelo (derivada del sistema regalista 
español) lo que habilita la intervención del Estado, y por ende, su 
accionar: estatizar y centralizar recursos y mercado. La intervención del 
Estado en un país federal promueve la unificación de la Nación.

En consecuencia, se puede afirmar que ha sido la herencia española la que 
actuó como freno histórico a la privatización del subsuelo. Sin embargo, 
producto del igualmente heredado atraso del sistema mercantilista español y 
de la victoria relativa del mitrismo durante el siglo XIX (a pesar de la 
unificación de 1880) las provincias se constituyeron en enclaves 
desconectados entre sí, sin un mercado unificado que las contuviera y 
controlara.

Resuelto como siempre y descartando de plano la privatización del subsuelo, 
el liberalismo argentino supo aprovechar esa debilidad. Trasladó la 
discusión sobre la conveniencia de la propiedad pública o privada del 
subsuelo a cuál de los dos ámbitos del Estado le correspondía su dominio, si 
a la nación o a las provincias. ¿Por qué?  Pues porque a diferencia del 
régimen de tierras, donde el propietario de la superficie constituye un 
contrapeso más que poderoso frente al avance de una eventual 
nacionalización, en el régimen de subsuelos -al no existir propietarios 
interesados en frenar dicho avance-, resultaba perentorio inventar una 
barrera lo suficientemente poderosa como para neutralizar al enemigo número 
uno, el Estado Nacional.

Con tal de no ver amenazada su supervivencia, las oligarquías nativas o 
burguesías comerciales tomarían la posta como obstáculo natural al 
aborrecible centralismo. La unidad en un frente común de intereses entre el 
capital privado, los grandes terratenientes nativos y la clase dominante 
(las más de las veces funcionarios directos o indirectos a través de lazos 
familiares) harían las veces de pseudo-propietarios privados, de montoneras 
unitarias contra la amenaza del gobierno central.

En otras palabras, la provincialización no sólo es y ha sido la instancia 
más próxima a la privatización del subsuelo, sino que significa una 
privatización encubierta. Esta aseveración resulta irrefutable a la luz de 
dos hechos: 1) cada vez que pasó por la Casa Rosada un gobierno democrático 
y popular, las oligarquías provinciales (incluida la porteña) alzaban el 
sofisma de la federalización para debilitar la acción unificadora y 
estatizadora del gobierno; 2) la transferencia de la renta hidrocarburífera 
del Estado al sector privado en los noventa primero pasó por la 
provincialización de los activos de YPF.[7] No sólo eso, sino que para 
consumar la privatización se debió entregar la propiedad de los 
hidrocarburos a las provincias. En este sentido, nadie mejor que Daniel 
Montamat para sintetizar semejante fraude: "la necesidad de lograr las 
mayorías legislativas para aprobar la privatización de la petrolera estatal 
llevó al gobierno a conciliar sus intereses respecto de YPF con la histórica 
reivindicación de los Estados [8] hidrocarburíferos sobre la propiedad de 
los yacimientos. Así surge la ley 24.145 de federalización de los 
hidrocarburos y privatización de YPF".[9]

Actualidad
El 3 de enero de 2007 se promulgó la Ley 26.197 que legitima el artículo 1 
de la ley de Privatización de YPF SE y Federalización de los yacimientos de 
hidrocarburos. De ahora en adelante "los yacimientos de hidrocarburos 
líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en 
su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e 
imprescriptible del Estado nacional o de los Estados provinciales, según el 
ámbito territorial en que se encuentren".

Las provincias asumen en forma plena el ejercicio del dominio originario y 
la administración (Autoridad de Aplicación) sobre los yacimientos presentes 
en sus territorios. Estarán además facultadas para ejercer en forma plena e 
independiente las actividades de control y fiscalización de las concesiones 
o contratos de exploración y/o explotación; exigir el cumplimiento de las 
obligaciones legales y/o contractuales en materia de inversiones, 
explotación racional de los recursos, información y pago de cánones y 
regalías; disponer la extensión de los plazos legales y/o contractuales; y 
aplicar sanciones de multa, caducidad, etc. conforme el régimen previsto en 
la Ley  17.319.

Sin hallar parangón en el mundo, en la Argentina se desplazó al Estado 
Nacional como propietario del dominio original y útil de los hidrocarburos, 
como autoridad concedente, controladora, fiscalizadora y policial.
La política petrolera argentina depende de Tierra del Fuego, Chubut, Santa 
Cruz, Río Negro, Neuquén, Mendoza, La Pampa, Formosa, Salta y Jujuy, 
provincias cuya población representa menos del 15% del país (INDEC Censo 
Nacional de 2001). Las diez cuentan con regímenes jurídicos y la mayoría con 
empresas de hidrocarburos propias; todas se congregan en una Organización 
Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI),
Las provincias mencionadas se encuentran en estadios avanzados de 
negociaciones, licitaciones y prórrogas de las áreas revertidas por el 
decreto 546/2003, las concesiones otorgadas durante el menemismo y nuevos 
bloques. Los pliegos permitirán a las operadoras extraer hidrocarburos hasta 
agotamiento definitivo de los yacimientos, sin importar los márgenes que 
deje a la provincia o al Estado nacional, ni quién los extraiga ni por 
cuánto tiempo, pues las elites provinciales ganan cuando ganan las 
operadoras (el win-win tan promocionado por los gurúes del marketing 
internacional).

La política depredadora de los noventa recibe nuevo impulso. Nada importa a 
los miembros de la OFEPHI que el país reciba la más retrógrada participación 
de la renta hidrocarburífera del globo (36%); tampoco incomoda que las 
empresas liquiden en el exterior el 70% de las divisas por exportación; 
mucho menos que se exporte petróleo y gas natural a sabiendas del escaso y 
difícilmente reversible horizonte de 7 años de reservas. Ni siquiera les 
preocupa incrementar sus ingresos: ¿subir las regalías (las más bajas de la 
región) del 12 al 50% (promedio regional)? ¿invitar a ENARSA para juntos 
alcanzar mejores acuerdos con las operadoras? ¿optimizar el federalismo?.

En este sentido, por ser la concesión de mayor extracción de crudo del 
país -participó en diciembre de 2006 con un 13,78% y 5% de la producción 
nacional de petróleo y gas natural, respectivamente (IAPG)-, y de contener 
aproximadamente un tercio de las reservas comprobadas de petróleo 
nacionales, no puede dejar de mencionarse la reciente prórroga de la 
concesión Anticlinal Grande-Cerro Dragón (Chubut) a la empresa PanAmerican 
Energy (PAE) (40% Bulgheroni y 60% de la inglesa BP) hasta el 2047. ¿Sabía o 
no sabía la legislatura chubutense que su titular no realizó inversiones de 
capital de riesgo en exploración en los últimos cinco años? ¿Sabe o 
desconoce que esta falta es causal de caducidad por incumplimiento de la ley 
17.319? De la misma manera, ¿sabrá Néstor Kirchner que puede anular la 
prórroga por decreto, pidiendo a posteriori la caducidad de la concesión y 
otorgándola (también por decreto) a ENARSA, sin violar la Ley 26.197? ¿Sabrá 
el presidente que las reservas de esta concesión equivalen a casi la tercera 
parte de las reservas certificadas del país? ¿Sabrá el presidente que el 
potencial del valor del área citada equivale a unos 23 mil 686 millones de 
dólares (según reservas probadas a US$ 58 el barril WTI, promedio para el 
primer trimestre de 2007).

Dada la actual coyuntura, poco interesa si las concesiones las otorga la 
provincia o la Nación, mientras no se abandone de cuajo la política 
petrolera neoliberal. Al respecto, vale la pena destacar la opinión de José 
Alfredo Martínez de Hoz, mientras se desempeñaba como ministro de economía 
de la provincia de Salta (1956-1957): "El 22 de agosto de 1956 los 
interventores federales de cinco provincias productoras de petróleo firmaron 
una declaración en cuyo primer punto afirmaban que <<las provincias tienen 
el derecho pleno de las minas existentes dentro de su territorio. A ellas 
les corresponde establecer las condiciones de su aprovechamiento, dentro del 
marco de la Constitución y las leyes>>".

Conclusiones
La Argentina es el único país del mundo que provincializó sus recursos 
petroleros. Ni en Rusia o México -por nombrar dos países petroleros con 
superficies mayores a la de la argentina- o Brasil, se da el caso 
legislaciones o empresas provinciales de hidrocarburos o energía. Ni 
siquiera en EEUU los Estados productores cuentan con legislaciones propias.

La  provincialización en la Argentina marcha irresponsablemente a contramano 
de la tendencia mundial orientada hacia la fusión y centralización de las 
compañías petroleras y energéticas (estatales y privadas), la aglutinación 
de naciones en bloques culturales, político-económicos y hasta militares, 
movilizadas fundamentalmente por factores geopolíticos energéticos. Entre 
los ejemplos que se destacan vale recordar que Francia evalúa unir su 
empresa estatal Gaz de France con la estatal argelina Sonatrach para la 
provisión asegurada de gas natural; la inglesa BP y la rusa Gazprom estudian 
fusionarse para vender gas natural licuado al mundo. China, Rusia e India 
consolidan el bloque asiático de la Organización de Cooperación de Shangai, 
basándose en la complementación de sus recursos energéticos, etc.

En cambio, la Argentina viene pariendo desde 1999 a razón de una nueva 
empresa provincial por año, con el expreso fin de sacar una migaja de la 
renta y negociar con monstruos internacionales lo poco que nos resta de 
hidrocarburos. Y lo que es más grave aún, la provincialización en la 
Argentina también marcha a contramano del proceso de unificación política y 
energética en Sudamérica.

La provincialización logró además remover al país de la mesa de 
negociaciones, colocando en su lugar a provincias que nada pueden hacer ante 
la opulencia de ingresos y ganancias de las compañías. No sólo eso, sino que 
comparativamente con la Nación (y las operadoras), sus magros productos 
brutos geográficos, su escasa población y posibilidades físicas de 
crecimiento y desarrollo económico auto-limitan sus argumentos a la hora de 
solicitar mejores condiciones o mayores porcentajes de la renta.

País o Provincia /                        PBI (nominal) o PBG     Ganancias 
(2006)    Población / Empleados (2006)
 Compañías                       / Ingresos  (millones de U$S)     (millones 
de U$S)
Exxon Mobil                          328.312 
36.130                           106.400
Royal Dutch Shell                   306.731 
25.618                            112.000
BP                                         249.465 
22.157                            115.000
Argentina 
2                                     - 
39.921.833
Total                                     149.264 
14.940                              111.000 ***
ConocoPhillips                      162.405 
13.640                               38.000
PetroChina Co.                     68.411 
16.521                              439.220
Chevron Corp.                     184.922 
14.099                               59.000
Petrobras                              60.929 
10.582                                50.000
Repsol YPF *                       58.460 
3.798                                 30.000
Mendoza                               20.822 
   -                                    1.579.651 *-*
Neuquén                                 4.845 
   -                                        474.155
Chubut                                    3.185 
   -                                     455.607

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por Standard & 
Poors, 20/07/06. United Nations World Population Prospects 2006 revision, 
Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database 2007.
*  Puesto Nº16. Platts 2006 Top 250 Global Energy Companies.
** PGB según 2005 a valores corrientes. Dirección de Estadísticas y Censos 
provinciales.
*** Según año 2004.
*-* Censo 2001

La provincialización conlleva además un anacronismo histórico sumamente 
perjudicial a la integridad nacional. Se verá de las manifestaciones 
expuestas a continuación el traslucir de una tibia posición de corte 
segregacionista, antidemocrática y en exceso neoliberal.

Tomemos como ejemplo las declaraciones emitidas el año pasado por el 
secretario de Estado de Energía y Minería de Neuquén, Eduardo Carbajo, 
referidas a la ausencia de su provincia en las reuniones de la OFEPHI y a la 
problemática de las regalías neuquinas. En relación a la primera expresó: 
"no asistimos porque consideramos que este organismo funciona en los últimos 
tiempos como un apéndice del gobierno nacional[.]". Sobre la segunda: "los 
neuquinos cobramos en concepto de regalías de todo el petróleo que se va de 
este territorio el 12% de los 41 dólares que impuso Nación en el mercado 
interno, y no de 75 ó 76 dólares como lo marcan los precios internacionales". 
A lo que agregó: "[.]no podemos dejarlo pasar, porque sabemos de las 
pérdidas millonarias que esto traería para el país y para las futuras 
generaciones de neuquinos y argentinos". [10]

En igual dirección, valiéndose de un acto en Plaza Huincul dedicado a la 
presentación del plan de inversión de Repsol YPF para el próximo trienio, el 
ex gobernador de la provincia Jorge Sobisch manifestó su decisión de ampliar 
las concesiones de los contratos a las empresas petroleras "siempre y cuando 
garanticen el flujo de inversiones que la provincia del Neuquén necesita 
para su desarrollo". Aprovechó luego la ocasión para dirigirse al gobierno 
nacional: "ENARSA puede venir o no a la cuenca neuquina. Esta es una 
decisión que tomará la provincia". El ex mandatario indicó además que "si el 
gobierno tuviera intenciones de hacer asociaciones con empresas de petróleo, 
la provincia ya tiene a Hidrocarburos del Neuquén Sociedad Anónima 
(Hidenesa), creada muchísimo antes que ENARSA".[11] A propósito de Hidenesa 
comentó: "Hemos transferido las áreas marginales, los contratos vencidos y 
por vencer a Hidenesa, para que sea una empresa provincial y no una empresa 
nacional la que maneje nuestros activos hidrocarburíferos".[12]

En relación a la política de integración energética regional, Sobisch dedicó 
una abundante y regular producción periodística al presidente Morales y al 
"nuevo dictador americano [Chávez] y su amenaza sobre la soberanía 
energética de Argentina" (Neuquén Hoy - 11/1/07 / Diario La Nación - 
15/01/07). Para él, los acuerdos energéticos suscriptos con Bolivia y 
Venezuela son contrarios al interés nacional por haber sido suscriptos 
justamente con competidores comerciales. de su provincia. (Neuquén Hoy - 
5/4/06). A propósito y para despejar cualquier duda sobre su posición, 
declaró: "Argentina consume 140 millones de metros cúbicos de gas por día, 
75 lo produce Neuquén mientras que Bolivia produce 30 millones, ni la mitad 
que nuestra provincia. Lo de Bolivia es un disparate y no se han hecho las 
inversiones".[13]

De ambos funcionarios se advierte: 1) una clara desvinculación entre lo 
neuquino y lo argentino. Lo neuquino pasa a ser lo nacional; 2) unitarismo 
neuquino: lo nacional se subordina al interés de la clase dirigente; 3) 
exclusión economicista;[14] 3) absoluta conformidad con los intereses de las 
empresas operadoras, desatendiendo el verdadero interés provincial y 
nacional;[15] 4) freno unilateral a la participación de la empresa nacional 
de energía ENARSA; 5) oposición al proceso de unidad energética en 
Sudamérica, a la diversificación de proveedores, con el agravante de elevar 
a Neuquén al status de país como Bolivia y Venezuela, declarados 
competidores de la primera.

Al margen del correcto empleo del concepto de federalismo, la contradicción 
entre provincias y Estado nacional refleja la irresolución de uno de los 
aspectos fundamentales del problema argentino: su desarrollo desigual y 
falta de cohesión, legados de nuestra condición semicolonial y de la 
balcanización latinoamericana del siglo XIX.

Sólo partiendo de un auténtico federalismo se podrá superar la marginación y 
la pobreza de las provincias (incluyendo las de Buenos Aires) diezmadas por 
el federalismo de opereta. Pues es el federalismo popular el único capaz de 
hacerlo, el único capaz de fortalecer el país contribuyendo paralelamente al 
forjamiento de la unidad latinoamericana.




[1] El Robo del Subsuelo. Ediciones Theoría, Buenos Aires. 1996.
El título del libro resume su tesis: el Estado robó el subsuelo a la 
propiedad privada. NA
[2] A. J. Pérez Amuchástegui. Página 45, Tomo 4. Crónica Argentina. 
Editorial Codex. Buenos Aires. 1972.
[3] Ver artículo de Martínez de Hoz "El petróleo y las fuentes naturales de 
energía frente a la reforma constitucional", citado por Mariano Ramírez en 
Petróleo, Política, Legislación y Doctrina. Ediciones Jurídicas Cuyo, 
Mendoza, 2003. El autor también menciona la posición provincialista del 
gerenciador de las privatizaciones de los noventa, Roberto Dromi, expuesta 
en su artículo "Nación y provincias ante el régimen de hidrocarburos".
[4] Arturo E. Sampay, Diario de Sesiones de la Convención Nacional 
Constituyente, año 1949, 24 de enero-16 de marzo, Tomo I, Debates y Sanción, 
Buenos Aires, 1949.
[5] Carta de Domingo F. Sarmiento a Bartolomé Mitre, septiembre de 1861.
[6] Más Allá de la Crónica "Marcha y Tropiezos", en Pérez Amuchástegui. Obra 
Citada.
[7] 2010, ¿Odisea Energética? Petróleo y Crisis. Ricardo A. De Dicco. 
Capital Intelectual. Buenos Aires, 2006.
[8] Estados = provincias. El subrayado es nuestro.
[9] Página 47. La Energía Argentina. Daniel Montamat. Editorial El Ateneo. 
Buenos Aires, Marzo de 2007.
[10] Servicio Oficial de Noticias - Neuquén Hoy.  9 de Agosto de 2006.
[11] Ibidem. 10 de Octubre de 2006.
[12] Discurso durante la apertura del XXXV Período de Sesiones Ordinarias de 
la Legislatura Provincial. 1 de Mayo de 2006.
[13] 
http://arnews.wordpress.com/2007/06/29/sobisch-hablo-sobre-la-crisis-energetica
[14] En la provincia que extrajo en diciembre de 2006 el 51% y 25% de la 
producción nacional de gas natural y petróleo, respectivamente (IAPG), las 
inversiones garantizadas por las empresas deberían satisfacer las demandas 
locales como también las de aquellas que carecen de petróleo, y muy 
especialmente, las de las más pobres.
[15] Los precios del barril de petróleo para el mercado interno deben 
ajustarse a los costos de producción internos de aproximadamente 5 dólares 
el barril. 





Más información sobre la lista de distribución Reconquista-Popular