[R-P] Acuerdo Multilateral de Inversiones (el fin de Wesfalia)

edgar smith condornacional en yahoo.com.ar
Lun Sep 19 06:44:35 MDT 2005


Le Monde Diplomatique Nº 527, Lori M. Wallach*, p. 22

*Director de Public Citizen's Global Watch,
Washington, DC.

Imagine un tratado de comercio que autoriza a las
empresas multinacionales y a los inversionistas a
demandar directamente a los gobiernos para obtener
reparaciones por daños y perjuicios e intereses en
compensación de toda política o acción pública que
tenga como efecto disminuirle sus ganancias. Esto no
es la intriga de una novela de ciencia ficción acerca
del futuro totalitario del capitalismo sino sólo una
de las cláusulas de un tratado que está a punto de ser
firmado: El Acuerdo multilateral sobre inversiones
(AMI). 

El director general de la Organización mundial del
comercio (OMC), Renato Ruggiero, describió con
bastante certeza la naturaleza de este acuerdo:
"Estamos redactando la Constitución de una economía
mundial unificada."

Pocas personas saben que el AMI está negociándose
desde 1995 en el seno de la Organización de
cooperación y desarrollo económicos (OCDE) en París.
Los 29 países miembros, que incluye a los más ricos
del mundo, desean, antes que nada, ponerse de acuerdo
antes de presentar a los países en desarrollo un
tratado que no deje más opción que aceptarlo o
rechazarlo. El objetivo del acuerdo es extender el
programa de desregulación sistemática de la OMC a
ciertos sectores vitales que aún no han sido
incorporados: la domiciliación y las condiciones de la
inversión en la industria y los servicios, las
transacciones de divisas y los demás instrumentos
financieros tales como las acciones y los bonos, los
bienes raíces y los recursos naturales.

Durante las décadas anteriores, mientras el mundo era
trastornado por una verdadera explosión de los
movimientos planetarios de capitales, la inversión
atrajo menos la atención que la actividad comercial
por parte de la opinión pública, de la prensa y de los
poderes políticos. Sin embargo, las empresas
transnacionales y los grandes establecimientos
financieros han estado muy atentos al respecto. Con
paciencia y agresividad, han actuado de manera que las
reglas generales en la materia satisfagan sus
intereses particulares y aseguren la extensión y
consolidación de su poder sobre los Estados.

Los legisladores y los ciudadanos han sido mantenidos
en la ignorancia de las transacciones en
circunstancias que el texto de la OCDE (190 páginas)
está concluido en un 90%. Cuando se produjo la
ofensiva de los movimientos de ciudadanos americanos
contra el procedimiento de negociación comercial
llamado de la vía rápida (fast track), en abril de
1997, fue cuando el Congreso tomó conciencia de las
negociaciones del AMI que se llevaban a cabo, desde
hacía tres años, por parte del departamento de Estado
y el del Tesoro.

El muro de silencio desborda los EE.UU. En Francia, el
presidente de la comisión de relaciones exteriores de
la Asamblea nacional, Jack Lang, pese a que el asunto
le atañe tan directamente, declaró en diciembre:
«Ignoramos quién negocia qué y a nombre de quién.» Los
representantes americanos negaron la existencia del
texto hasta que una coalición de movimientos de
ciudadanos se consiguió una copia. Ahora,
lamentablemente para el departamento de Estado
americano y de sus socios de la OCDE, esa versión está
disponible en Internet.


Página oficial del AMI (inglés):
http://www.oecd.org/daf/cmis/mai/maindex.htm

Artículo original en "Le Monde Diplomatique" con los
textos del acuerdo en inglés, francés y alemán..

http://www.monde-diplomatique.fr/dossiers/ami/index.html

Artículo de Federico García Morales
http://rcci.net/globalizacion/fg022.htm

Las ONG´s se movilizan contra un acuerdo de la OCDE
que cede soberanía de los gobiernos a las
multinacionales
http://www.eurosur.org/rebelion/internacional/amiongs.htm

Algunas consecuencias de acuerdos similares: NAFTA
http://www.nassist.com/mai/


AMI Basic Facts:
http://www.preamble.org/MAI/maifact.html

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Así como ocurre con la mayoría de los tratados
internacionales, el AMI establece una serie de
derechos y obligaciones pero se diferencia
fundamentalmente de los otros acuerdos: en él, los
derechos están reservados para las empresas e
inversionistas internacionales mientras que los
gobiernos asumen todas las obligaciones. Además, en
una innovación sin precedentes, una vez que los
Estados entran en el AMI, quedan irrevocablemente
comprometidos por 20 años. En efecto, una disposición
les prohibe manifestar el deseo de salir del tratado
antes de 5 años tras lo cual queda obligado ¡durante
15 años adicionales!

El capítulo clave del tratado se titula «Derechos de
los inversionistas». Ahí aparece el derecho absoluto
para invertir - comprar terrenos, recursos naturales,
servicios de telecomunicaciones u otros, divisas - en
las condiciones de desregulación previstas por el
tratado, es decir, sin ninguna restricción. Los
gobiernos, por su parte, quedan obligados a garantizar
el "pleno goce" de esas inversiones. Numerosas
cláusulas prevén la indemnización de los
inversionistas y de las empresas en los casos de
intervenciones gubernamentales susceptibles de
restringirles su capacidad de obtener utilidades de
sus inversiones. En particular, cuando esas
intervenciones tengan un «efecto equivalente» a una
«expropiación, aunque sea indirecta». Así, según los
términos del acuerdo, «la pérdida de una oportunidad
de obtener ganancias sobre la inversión constituirá un
tipo de perjuicio suficiente para dar derecho a una
indemnización en beneficio del inversionista».

Las reglas relativas a la «expropiación e
indemnización» son las disposiciones más peligrosas
del AMI. Ellas dan a cada empresa o inversionista el
derecho a reclamar casi contra cualquier política o
acción gubernamental - desde medidas fiscales hasta
disposiciones en materia de medio ambiente, desde la
legislación laboral hasta las normas de protección del
consumidor- en tanto amenazas potenciales contra las
utilidades. Por lo tanto, mientras en todas partes los
Estados están llevando a cabo recortes en sus
programas sociales, se les pide aprobar un programa
mundial de ayuda a las firmas multinacionales.

Premonitorio es el caso de la sociedad Ethyl. Esta
empresa, domiciliada en EE.UU., se apoya en
disposiciones del NAFTA, bastante menos favorables que
las del AMI, para reclamar 251 millones de dólares al
gobierno del Canadá. En abril de 1997, Ottawa
prohibió, en efecto, un aditivo para la gasolina
llamado MMT, una neurotoxina sospechosa que daña los
dispositivos anti-contaminantes de los automóviles.
Ethyl, único productor, intentó una acción contra el
gobierno canadiense argumentando que una prohibición
del MMT equivalía a una expropiación de los bienes de
la compañía. Aunque parezca increíble, el caso va a
ser juzgado. Si Ethyl gana, los contribuyentes
canadienses deberán pagar 251 millones de dólares a la
firma privada. Cabe imaginar que tal mecanismo tendrá
como efecto la paralización de toda acción
gubernamental que apunte a proteger el medio ambiente,
preservar los recursos naturales, garantizar la
seguridad y la equidad de las condiciones de trabajo u
orientar las inversiones al servicio del interés
colectivo.

Otro derecho a indemnización de los inversionistas: la
«protección contra los desórdenes». Los gobiernos son
responsables, frente a los inversionistas, de los
«desórdenes civiles» y para qué hablar de
«revoluciones, estados de emergencia u otros
acontecimientos similares». Esto significa que tienen
la obligación de garantizar las inversiones
extranjeras contra todas las perturbaciones que
pudieran disminuirles su rentabilidad tales como los
movimientos de protesta, boicot o huelgas. Es como
para motivar a los gobiernos, so pretexto del AMI, a
restringir las libertades sociales.

En cambio, el AMI no prevé ni obligaciones ni
responsabilidades para los inversionistas. Los
gobiernos no pueden tratar de manera diferente a los
inversionistas extranjeros y nacionales. Y, según el
proyecto de tratado, es el impacto de una política y
no las intenciones ni el sentido literal de las leyes
lo que debe tomarse en cuenta. Por lo tanto, leyes
aparentemente neutras pero donde se puede demostrar
que tienen un efecto discriminatorio no intencional
sobre el capital extranjero, deben ser derogadas. Las
leyes que fijen los límites al desarrollo de las
industrias extractivas -como las mineras o las
forestales- pueden ser denunciadas por sus efectos
discriminatorios contra los inversionistas extranjeros
que intenten acceder a esos recursos en relación a los
inversionistas nacionales que ya tengan un acceso.

Del mismo modo, las políticas comúnmente practicadas
de ayuda a las pequeñas empresas o los tratos
preferenciales a favor de ciertas categorías de
inversiones o de inversionistas, tales como los
programas de la Unión europea a favor de las regiones
con retraso en su desarrollo, podrán ser atacadas.
Igual riesgo corren los programas de redistribución de
la tierra a los campesinos en los países en
desarrollo. Para poder ser admitido en el NAFTA,
México tuvo que suprimir las disposiciones de su
Constitución relativas a la reforma agraria que fueran
instituidas después de la revolución. Esto fue así
para que los inversionistas americanos y canadienses
pudieran comprar la tierra reservada a los nacionales.
El balance de los cuatro primeros años de su
aplicación es la destrucción masiva de los pequeños
campesinos mientras que las multinacionales de la
industria agroalimenticia se iban apoderando de
inmensos predios.

Las reglas del trato nacional también involucran a las
privatizaciones. Por ejemplo, si una municipalidad
francesa decide privatizar el servicio de agua -lo que
la mayoría de ellas ya ha hecho- le debe ofrecer a los
postulantes del mundo entero las mismas condiciones de
acceso que a un inversionista francés. Incluso si se
trata de una sociedad de economía mixta bajo control
democrático. ¿ Cuándo se privatizará la educación o
los servicios de salud ?

El AMI prohibe, igualmente, las medidas adoptadas por
numerosos países para orientar las inversiones en el
sentido del interés público como, por ejemplo,
exigiendo que se emplee mano de obra local o a ciertas
categorías de personas tales como los minusválidos.
Del mismo modo, numerosas leyes y normas referidas al
medio ambiente podrán ser denunciadas. Caen en el
ámbito del AMI, en particular, las medidas tomadas por
varios Estados de EE.UU. que exigen que los embalajes
de vidrio o plástico contengan un porcentaje mínimo de
productos reciclables y las tarifas preferenciales que
favorecen a los materiales fabricados con esos
productos.

La amenaza pesa sobre la legislación de ciertos países
del Sur que apuntan a promover un desarrollo económico
nacional, por ejemplo, al exigir a los inversionistas
extranjeros una asociación con empresas locales o la
contratación y capacitación de ejecutivos nacionales.

El acuerdo graba en el mármol, igualmente, la cláusula
de la nación más favorecida a las que impone un trato
igual para todos los inversionistas extranjeros. En
adelante, estará prohibido que los gobiernos
practiquen la discriminación hacia los inversionistas
extranjeros en función de la actitud de su gobierno en
materia de derechos humanos, derechos laborales u
otros criterios. Se prohibe, también, el trato
preferencial acordado por la Unión europea en los
acuerdos de Lomé a favor de los países del África, del
Caribe y del Pacífico. Si el AMI hubiese estado en
vigor en los años 80, Nelson Mandela estaría aún en
prisión dado que el acuerdo prohibe el boicot de las
inversiones o su restricción tal como existieron
contra Pretoria en tiempos del apartheid, salvo por
motivos de «seguridad fundamental».

Por último, el AMI transformará el ejercicio del poder
en todas partes del mundo al someter a las directivas
de las multinacionales un gran número de funciones que
son actualmente ejercidas por los Estados, incluyendo
la aplicación de los tratados internacionales. En
efecto, el acuerdo dará a las empresas e
inversionistas privados los mismos derechos y el mismo
estatuto que a los gobiernos nacionales para hacer
aplicar sus cláusulas. En particular, aquel de
demandar a los gobiernos ante los tribunales de su
elección. Entre éstos figura ¡el jurado arbitral de la
Cámara de comercio internacional! Frente a árbitros
tan parciales, los inversionistas están asegurados de
que obtendrán las indemnizaciones compensatorias que
reclamen por no haber sacado todas las utilidades que
esperan del tratado.

El texto contiene una disposición que impone a los
Estados el «aceptar, sin condiciones, que los litigios
se sometan al arbitraje internacional», obligación de
la que hasta ahora han estado eximidos en virtud de
sus privilegios de soberanía. Esas acciones están
reservadas a las empresas e inversionistas pero no a
los ciudadanos ni asociaciones. El acuerdo prevé la
resolución de los conflictos de Estado a Estado por
medio de jurisdicciones internacionales bajo el modelo
de la OMC. Se trata de procedimientos opacos, sin
garantías jurídicas.

Acerca de los términos del acuerdo, los portavoces de
los gobiernos y del mundo de los negocios se limitan a
decir generalidades: « No se inquieten, no hay nada
nuevo en ese tratado. Se trata únicamente de
racionalizar las prácticas existentes .» Pero el AMI,
como si fuera un Drácula político, no puede vivir a la
luz del día. En Canadá, la revelación de su existencia
levantó una tempestad política más grande que el
tratado de libre comercio con EE.UU. hace diez años.
En EE.UU., fue vivamente atacado en el Congreso.

Un pastel de estricnina

Curiosamente, aquéllos que más se debieran movilizar,
los movimientos sindicales representados en el seno de
la OCDE por las confederaciones internacionales, se
han limitado a proponer, sin éxito, que se agregue al
AMI una «cláusula social» en vez de cuestionar los
fundamentos mismos del acuerdo. Esta posición ha sido
denunciada por los movimientos de consumidores, las
asociaciones de defensa de los derechos humanos, por
las de protección del medio ambiente así como por un
número creciente de sindicatos que estiman que esa
proposición se asemeja a una golosina azucarada sobre
un pastel de estricnina.

Ni los representantes de los gobiernos ni los del
mundo de los negocios tiene la intención de introducir
disposiciones limitadoras en el AMI. Su táctica
consiste en prever numerosas excepciones y reservas
que revelan así la amplitud de la amenaza. No da
ninguna seguridad; se nos prometa envolver nuestros
objetos de valor en papel mientras usan gasolina para
incendiar nuestros hogares. Así, los gobiernos
canadienses y francés se afanan en obtener
«excepciones culturales» mientras los negociadores
americanos reciben sus órdenes en Hollywood y
pretenden, gracias al AMI, ejercer una hegemonía
absoluta sobre todas las industrias de la cultura.

Los años de experiencia del GATT y, después, de la OMC
así como de otros tratados comerciales internacionales
han demostrado que las excepciones no dan, en la
mayoría de los casos, ninguna garantía. Los bananeros
del Caribe acaban de comprobar que las cláusulas de
acceso preferente al mercado europeo contenidas en la
convención de Lomé habían sido barridas por la
ofensiva americana ante la OMC la que condenó,
definitivamente, a la Unión europea. El AMI contiene
disposiciones que prohiben a los Estados intervenir a
futuro en los sectores que él cubre y hace obligatorio
derogar sistemáticamente todas las leyes que con él no
están conformes.

¿Quién tendrá interés en seguir adelante con la
desregulación de las inversiones y que los Estados no
intervengan en circunstancias que los resultados de la
globalización se revelan desastrosos? Ya ocurre que
todo gobierno que se esfuerce en responder a la
demanda pública por dar soluciones a los grandes
problemas económicos y sociales debe hacerlo en un
contexto internacional de inestabilidad monetaria, de
especulación, de movimientos masivos y erráticos de
capitales y de inversiones sin fronteras. Es una
situación que no puede durar salvo para una muy
pequeña minoría cuyo interés está en que empeore.


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Estado anfitrión y capital extranjero

Le Monde International Nº 2572, 980221, J.-P. Tuquoi,
p. 5


El Acuerdo multinacional de inversiones AMI está en
discusión en el marco de la OCDE, el club de los
países ricos, desde mayo de 1995 pero su firma,
prevista para el próximo mes de abril, parece difícil
por el gran revuelo que ha provocado. El AMI pretende
asegurar alguna forma de igualdad de trato para los
inversionistas extranjeros y nacionales dentro de un
mismo país.


Jack Lang, actual presidente de la comisión de asuntos
exteriores de la Asamblea francesa, declaró que "el
AMI instaurará el poder absoluto del dinero" y será
"una maquinaria infernal para desestructurar el mundo"
lanzada por "los ultraliberales" y a cuya cabeza se
encuentra "una suerte de soviet económico mundial
animado por los dirigentes de los grandes grupos
multinacionales los cuales escapan al control de los
pueblos". Y el ex-ministro de la cultura de Francia
concluye: "Un eslogan debiera unir a todos los hombres
progresistas: «l'AMI, c'est l'ennemi». (el AMI -el
amigo- es el enemigo)."

Los artistas franceses fueron los primeros en
rebelarse contra el AMI por el temor a que ponga fin a
la excepción cultural. El primer ministro Lionel
Jospin declaró que "el AMI no debiera, en ningún caso,
restringir nuestra capacidad de apoyar y desarrollar
la creación artística y las industrias culturales y
audiovisuales." Según los especialistas, tal riesgo no
existe porque se puede obtener un compromiso similar
al habido en la Ronda de Uruguay donde Francia obtuvo
el poder para fijar una política audiovisual
independiente. Además, cuenta con el apoyo del Canadá,
preocupado por su proximidad con EE.UU., de España,
Italia, Grecia...

Lo esencial del AMI está en la organización de las
relaciones entre los Estados y los inversionistas
extranjeros. Conforme al espíritu que condujo a la
creación de la Organización mundial del comercio OMC
en 1993, el AMI consagra la liberalización de las
inversiones mundiales cualquiera sea su tipo
(acciones, bonos, licencias...) o sector (financiero,
inmobiliario...). El proyecto prevé que el Estado
anfitrión no podrá imponer al inversionista el
"exportar un volumen o porcentaje dado de bienes o
servicios", ni "alcanzar un nivel dado o porcentaje de
contenido nacional", ni "transferir tecnología", ni
"localizar su domicilio societario", ni "alcanzar un
cierto nivel de empleo ni de
investigación-desarrollo". En cambio, el texto no
dedica ni una palabra a cuestiones esenciales tales
como la de los "precios de transferencias" que
permiten que las firmas multinacionales, jugando entre
sus distintas filiales diseminadas por todo el mundo,
logren más o menos escapar al pago de impuestos.

Sus defensores argumentan que las reglas "tales como
la transparencia de las legislaciones, la libertad
para la transferencia de fondos de las empresas y las
compensaciones en caso de expropiación, reflejan
normas internacionales muy bien establecidas e
incorporadas en numerosos tratados bilaterales
vigentes". Se agrega que "el objetivo es garantizar a
los inversionistas un marco jurídico claro, equitativo
y estable y de ofrecerles mecanismos destinados a
resolver eventuales conflictos que los opongan con los
gobiernos de los países que los acogen."

La paradoja es que este debate se concentra en Europa
donde no existen problemas entre las firmas
multinacionales y los gobiernos. El AMI apunta más
bien al Asia, tierra bendita para los inversionistas
pero imprevisible. Otra paradoja es que la discusión
no es tan maniquea como pudiera pensarse: en
particular, no opone a una coalición de países
europeos contra EE.UU. En realidad, partidarios y
adversarios del AMI se enfrentan, también, en EE.UU.,
principal inversionista a escala mundial. Las firmas
multinacionales y la Casa Blanca defienden el proyecto
mientras que el Congreso americano está dividido y la
prensa no lo trata.

"El Estado, en general, no tiene el tamaño como para
luchar contra las compañías multinacionales. Para
hacer que éstas vengan, está obligado a ofrecer
compensaciones por medio de medidas fiscales y
subvenciones. Para evitar estos sesgos y hacer jugar
la competencia y atraer el mayor número de compañías,
al Estado debiera interesarle el que existan reglas
claras y transparentes", opina un profesor del
Instituto de estudios políticos de París. Agrega este
especialista en comercio internacional: "Por lo demás,
la adopción del AMI es favorable para las
multinacionales francesas que ya no enfrentarán al
Estado americano sino a su justicia en caso de
litigio. El AMI es un avance que no debe detenerse
pues pronto deberán abrirse negociaciones sobre
precios de transferencias y sobre la competencia."



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